Lo que vemos en la televisión, leemos en los diarios o escuchamos en la radio, o ahora incluso, lo que aparece en las páginas de Internet, son apenas (en el mejor de los casos) fragmentos de la realidad. Hubo un proceso de selección previo a la puesta en el aire o a la impresión; eso lo hizo una persona desde una cierta subjetividad, que podrá estar más o menos próxima a los hechos de acuerdo al método de conocimiento utilizado. La crónica o el relato de un acontecimiento puede pretender ser veráz en tanto se requieran varias visiones que nos aproximen desde miradas distantes. Incluso la opinión forjada desde un esfuerzo dialéctico y nutrida de elementos será más sólida que la surgida de la impresión espontánea. No hay por qué renunciar al extrañamiento de la razón para comprender lo que sucede a nuestro alrededor.
Con la discusión en torno a la sanción de la nueva ley de medios audiovisuales quedó en evidencia que el Grupo Clarín es un emergente de sectores concentrados de la economía y que los grandes medios de comunicación son brazos de intereses corporativos económicos que pactaron con la dictadura militar para sostener sus privilegios, producto de un modo de producción y acumulación del capital en Argentina; el punto es que ésta particularidad se reproduce en cada provincia, con matices en torno a qué sector se erija como dinamizador de la economía local, serán los medios afines a industriales, sojeros o ganaderos.
También en nuestra provincia la matríz mediática actual es consecuencia de las alianzas entre empresarios y militares que se hicieron del poder instaurando dictaduras militares.
La única radio de AM es propiedad del Capitán Retirado Jorge Félix Gómez, quien es además terrateniente ganadero.
Hay cuatro diarios:
* La República, cuyo dueño es Pablo Chamas (empresario de la construcción con intereses ganaderos), concesionario de Aguas de Corrientes, habiendo desembarcado en éste negocio en el gobierno de Ricardo Guillermo Leconte (Pacto autonomista liberal), ex interventor militar del municipio capitalino.
*El Litoral, de Carlos Romero Feris, ex empresario de la construcción contemporáneo en ésa actividad a la gestión como gobernador de su hermano José Antonio Romero Feris (Pacto autonomista liberal), quien se desempeñó como embajador en Costa Rica durante la última dictadura militar. También hermano de Raúl Rolando Romero Feris, ex gobernador (Pacto autonomista liberal), productor ganadero, dueño del diario chaqueño Norte, ex presidente de la CRA, en 1989 protagonizó, junto a otras entidades del “campo”, el tractorazo al entonces presidente Raúl Alfonsín.
*El Libertador, de Rodolfo Martínez Llano, productor agropecuario y dueño de canteras de piedra, simpatizante de la dictadura en el 78 (llegó a firmar una solicitada de apoyo) eso no le impidió convertirse al P.J en democracia y llegar a diputado por ésa fuerza política; adquiere relevancia para el caso pues se trata de su mentor.
*Epoca, administrado por casi una década por el corresponsal de Clarín, Alfredo Zacarías, originalmente propiedad de Julio Romero, también hacendado, ex gobernador (P.J), tío de los Romero Feris antes mencionados; se vió envuelto en una disputa con su hijo Humberto Romero (ex ministro de defensa de Menem) que derivó en una intervención judicial en el marco de la administración federal de Ramón Mestre.
Caso especial el de Natalio Aides, quien habiéndose iniciado en épocas de la dictadura en LT7 (única radio AM en la ciudad capital de Corrientes, propiedad del Capitán Retirado) logra amasar una fortuna en sucesivos gobiernos democráticos (hijos de las botas) logrando reverenciarse como vocero de todo oficialismo de turno en su emisora Sudamericana.
El canal de cable “Multicanal” está dentro de la férula del Grupo Clarín, pero su socio local es Gutnisky, quien a su vez es socio de Pablo Chamas en dos radios de FM (Digital y La Red).
Estos dueños bregan por sus intereses, desde el papel y la tinta, con la voz n el receptor de su radio o la imagen seductora en el televisor.
Aunque existen distintas herramientas comunicacionales son los multimedios los que adquieren masividad, estando en capacidad de constituirse en la matríz de edificación de la subjetividad de las y los correntinos.
La “capacidad instalada” antes descripta funciona como un engranaje perfecto de una maquinaria puesta al servicio de la reproducción del poder económico-político de nuestra región, instalando los dispositivos del pensamiento que a modo de reflejo condicionado predisponen la conducta de sus fieles seguidores.
Hace algún tiempo el Dr. Roque Ricardo Silva, en calidad de integrante de la pastoral social de la Iglesia Católica ( grupo no vinculado a la jerarquía eclesiástica) manifestaba que en nuestra provincia menos del 1% de la población posee más del 90% de la tierra productiva, afirmaba que la relación porcentual entre propietarios y tierra no era tan extrema y que en los últimos años se introdujeron nuevos poseedores, específicamente empresas extranjeras multinacionales que expanden inversiones forestales que ya poseen en otros países vecinos (Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay). También refirió que últimamente han ampliado la producción arrocera inundando grandes extensiones para ello, e incluso han dado inicio a la actividad sojera.
Con la discusión sobre la nueva ley de medios audiovisuales también hemos escuchado a los “dueños” defender sus intereses desde el discurso de la libertad de expresión, viejo eufemismo con el que en realidad se refieren a la “libertad de empresa”, que no es otra cosa que “el que puede lo hace”, reduciéndose a una minoría el grupo de emprendedores capaces de crear y sostener hegemonía de discurso; desde su accionar implícitamente diseñan valoraciones y percepciones totalmente ajenas a la de los muchos desposeídos de elementos necesarios para la producción de bienes imprescindibles para la subsistencia y consecuentemente de artefactos necesarios para comunicar sus carencias.
Aún en éstas circunstancias existimos los que nadamos contra la corriente, pero lo divergente en su carácter material e intelectual es de producción agonal en la avalancha de discurso único; precisamente de ése fango aluvional surge “La agencia”, una combinación de productora de contenidos, administradora de recursos públicos destinados a publicidad oficial y observadora (a todo nivel) de medios, periodistas y políticos opositores.
“La agencia” desembarca en el gobierno de Arturo Colombi en el año 2006 como consecuencia de un acuerdo corporativo entre los grupos empresarios de medios, siendo contemporánea al inicio de la gestión de José Luis “Billy” Zampa en la dirección de información pública de la provincia. La idea era simple, hacerse del dinero del Estado asegurando “su hombre” en el gobierno, pero los funcionarios al frente de la administración central (gobernador y otros) efectuaron un enroque creando un apéndice privado (La agencia) para idear contenidos y unificar discurso, es decir reproducir en todos los “grandes medios” la versión oficial, hasta allí tal vez a grandes rasgos no diste mucho de la labor de TELAM a nivel nacional, pero el punto es que para “calificar” en pos de ingresar en la lista de beneficiarios de la pauta publicitaria, ya se trate de medio o periodista, el requirente en cuestión debía resignar su lineamiento editorial y dar paso prioritaria o exclusivamente al material provisto por “La agencia”, erigiéndose en una suerte de policía de la conciencia.
En apariencia todos felices, los funcionarios habían diseñado su “matrix”, una virtualidad mediática envolvente y reticular cuasi infranqueable para el ciudadano no hábil en las artes de contraopinador, entretanto los empresarios de medios se aseguraban cómodas ganancias a merced del dinero de los contribuyentes. Lo curioso es que no son éstos personeros de intereses particulares los más necesitados de la asistencia económica del Estado, pues disponen de ingresos de sus respectivos negocios, ¿por qué entonces tomar por asalto la caja estatal? Dinero que todos contribuimos a reunir con fines prioritarios como la salud, educación, justicia, etc.
Cierto es que no es la necesidad lo que los lleva a emprender el mensaje y la información como práctica habitual; por otra parte, teniendo en cuenta que lo que usualmente venden es su posición editorial concluyo que tampoco es la vocación lo que los motiva, ¿de qué se trata entonces?.
El núcleo del problema nos remite a un modelo cultural que no concibe a la actividad comunicacional como un servicio público, tampoco a la comunicación como un derecho de los ciudadanos, no está admitida la información como un modo de reducir incertidumbre al colectivo de que formamos parte. En tanto no se reaprendan éstos conceptos estaremos a merced de criterios mercantilistas, donde todas las relaciones serán de intercambio oneroso.
Proferir un enunciado en un medio masivo, sesgarlo, callarlo o incluso contradecirlo pasan a ser mercancías disponibles al instaurar el sistema descripto, convirtiendo al periodismo en una elegante modalidad extorsiva.
Pero, ¿es entonces el apoderamiento y la mercantilización del tratamiento público de sucesos todo el objetivo de los grupos mediáticos concentrados? No!, en realidad ésa es la herramienta (de intercambio) con la que se aseguran el fortalecimiento de sus negocios “no mediáticos”, que ocasionalmente requieran algún impulso oficial, ya sean normativas especiales, resoluciones, concesiones o contratos; también la no intervención del Estado en sus asuntos si se trata de actividades border line con la ilegalidad. En concreto, medran tanto con el cobro de dinero en concepto de publicidad oficial (cosa que de tratarse de montos racionales y en base a criterios objetivos no sería cuestionable) como así también hacen un aprovechamiento de la influencia pública que poseen sirviéndose de ello para consolidar su posición dominante en cualquier negocio del que puedan ser partícipes.
Lo preocupante es que de éste modo se fomenta la unilinealidad de enfoque en los actores comunicacionales, siendo sus artífices empresarios opulentos y además altamente financiados por el Estado, carentes de la dimensión humana de los muchos, especialmente los más humildes, que no existen más que como cosa amorfa indescifrable para aquéllos; sus afanes, luchas y conquistas no habitan el análisis erudito de los tabloides, tampoco en el comentario destacado de locutores estrella, quizás sí los encontremos en las páginas de vulgares crónicas policiales. Me pregunto ¿qué expresión cultural los contiene (en lo conceptual y estético)? ¿la cumbia villera tal vez?; ¿cómo instalarán sus demandas en la escena pública?, peor incluso ¿serán concientes de ellas? ¿podrán comprender lo que les pasa en medio del barullo y la distracción de radiorreceptores y televisores repletos de ofertas tanto de bienes y servicios como de estilos de vida muy ajenos a sus posibilidades de consumo?.
Dirán entonces los poderosos, allí están las radios de FM y los medios alternativos para contener sus demandas, para enjugara sus lágrimas de dolor ante la ausencia de respuesta y el menosprecio generalizado. Esas emisoras truchas que dieron pelea al sistema de medios heredado de la dictadura militar. Pero claro, dirán también: ¡que lo hagan sin apoyo económico oficial! Porque no miden, no tienen potencia, no son fashion, ¡además son ilegales!, desconociendo que las legales lo son en virtud de aceitadas relaciones con el poder dictatorial, otras por sus acuerdos económicos con funcionarios “amigos”. En el mejor de los casos las FM nacidas con la democracia tienen un PPP (permiso precario provisorio) otorgado a fines del gobierno de Raúl Alfonsín o alguna reinscripción posterior. Sostener la democracia fue una militancia inconmovible desde el dial sosteniendo pensamiento crítico, blandiendo la palabra como una espada ante quienes parecen siempre listos para golpear las puertas de los cuarteles y más recientemente de los pooles sojeros.
MÓNICA COLUNGA
Fernando Carbajal tuvo cinco impugnaciones que cuestionaron su postulación al Superior Tribunal de Justicia. Dos periodistas, tres ciudadanos y seis gremios docentes objetaron su candidatura. Ahora el pliego está en manos del Senado que deberá resolver la cuestión antes que finalice el periodo de sesiones ordinarias.
